La Ley 4/2026, publicada en el BOE el 3 de octubre, abre un nuevo frente regulatorio para las empresas obligadas a cumplir la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad. El Gobierno deberá aprobar, en un plazo máximo de un año, un nuevo real decreto que desarrolle las medidas alternativas al cumplimiento de esa cuota.
El mandato aparece en las disposiciones finales de la Ley 4/2026 publicada en el Boletín Oficial del Estado.
Las empresas deberán vigilar el desarrollo reglamentario
Las medidas alternativas permiten, en determinados supuestos y bajo las condiciones previstas legalmente, cumplir la obligación mediante mecanismos diferentes a la contratación directa. El nuevo reglamento puede modificar procedimientos, documentación y controles.
No es una reforma para esperar al último momento
Las compañías afectadas deberían revisar ya su plantilla, grado de cumplimiento y autorizaciones existentes. Si utilizan medidas alternativas, conviene identificar cuándo fueron concedidas y qué documentación las respalda.
La Ley 4/2026 refuerza también los ajustes razonables
La misma norma amplía obligaciones empresariales de adaptación de puestos y accesibilidad, por lo que el área laboral tendrá que seguir varios desarrollos reglamentarios durante los próximos meses.
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